IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN
Fecha elaboración	5 de febrero de 2025
Dependencia que lidera el proyecto de Resolución	Oficina Asesora Jurídica
Nombre del Proyecto de Resolución:	“Por la cual se adopta una metodología de reconocido valor técnico para el cálculo de la obligación contingente de los procesos judiciales, conciliaciones extrajudiciales y trámites arbitrales que se adelanten contra la entidad y deban ser registrados en el sistema eKOGUI”
Especifique: -Los antecedentes (historia) que justifiquen la expedición del proyecto de resolución. -La necesidad de expedición (si es en cumplimiento de una norma o política y señale cuál), -Incluya la conveniencia de la expedición del mismo (¿por qué es importante hacerlo?) y -El ámbito de aplicación del respectivo acto, con los sujetos a quienes va dirigido (clientes destino) -Seguir los parámetros establecidos en el INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS	Antecedentes: Mediante Resolución No. 353 de 2016 emitida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se estableció una metodología de reconocido valor técnico, que puede ser utilizada para calcular la provisión contable o los pasivos contingentes de las entidades públicas del orden nacional, respecto de los procesos judiciales, las conciliaciones extrajudiciales y procesos arbitrales a su cargo. Por su parte, la Contaduría General de la Nación, incorporó el marco normativo para las entidades del gobierno y el procedimiento contable para el registro de los procesos judiciales, arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales y señaló que las entidades deben utilizar una metodología que se ajuste a los criterios de reconocimiento y revelación, para lo cual se podrá aplicar la metodología adoptada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado En virtud de lo anterior, a través de la Resolución 858 de 2022, esta Agencia adoptó la metodología de reconocido valor técnico para el cálculo de la provisión contable de los procesos judiciales, conciliaciones extrajudiciales, y trámites arbitrales que se adelantaran contra la entidad. Posteriormente, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, como parte del proceso de mejora continua, a través de la Resolución 431 de 2023, derogó la Resolución 353 de 2016 y adoptó una nueva metodología para el cálculo de la obligación contingente de los procesos judiciales, conciliaciones extrajudiciales y trámites arbitrales que se adelanten contra la entidad y deban ser registrados en el sistema Ekogui. Necesidad de expedición: Se hace necesaria la derogatoria de la Resolución 858 de 2022 emitida por esta entidad, teniendo en cuenta que esta contenía los lineamientos establecidos en la Resolución 353 de 2016 de la ANDJE, la cual fue derogada por la Resolución 431 de 2023; en este orden, se hace necesario adoptar las disposiciones contenidas en esta última e implementar las nuevas directrices emitidas sobre la materia. Conveniencia de la expedición: Es conveniente la expedición de la Resolución que adoptó una nueva metodología para el cálculo de la obligación contingente de los procesos judiciales, conciliaciones extrajudiciales y trámites arbitrales que se adelanten contra la entidad y deban ser registrados en el sistema eKOGUI, de conformidad con los lineamientos que al respecto se han impartido por parte de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Ámbito de aplicación: El acto administrativo es de aplicación interna porque regula la realización del cálculo y reporte de las obligaciones contingentes que se derive de los procesos judiciales, arbitrales y conciliaciones extrajudiciales que se adelanten contra la entidad y deban ser registrados en el sistema Ekogui por los abogados que tengan la representación judicial de la entidad en cada proceso.
Identifique el impacto económico, señale el costo o ahorro, proyección, incidencia de la implementación del respectivo acto. (Anexar estudio económico que permita sustentar su conveniencia)	El acto administrativo “Por la cual se adopta la metodología de reconocido valor técnico, para el cálculo de la provisión contable de los procesos judiciales, conciliaciones extrajudiciales, y trámites arbitrales en contra de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización”, no genera ningún impacto económico derivado de su expedición o implementación de sus disposiciones.
Confirmación con el Grupo de Presupuesto, la disponibilidad presupuestal.	No aplica porque la expedición no genera ningún impacto económico.
Incidencia, transversalidad del proyecto con otros procesos misionales y de apoyo de la ARN. Demás aspectos que sean pertinentes frente al proyecto normativo.	De acuerdo con el artículo 1 de la Ley 448 de 1998, la Nación, las entidades territoriales y las entidades descentralizadas de cualquier orden, deberán incluir en sus presupuestos de servicio de deuda, las apropiaciones necesarias para cubrir las posibles pérdidas de las obligaciones contingentes a su cargo, de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto. En este sentido, las sentencias o laudos desfavorables a la entidad o los acuerdos conciliatorios que eventualmente impliquen para la entidad el pago de indemnizaciones a terceros, cuyo origen está sujeto a la ocurrencia de un hecho futuro e incierto, deben tenerse para su registro contable, en cuentas de orden o provisiones, dependiendo de cada caso. Por lo anterior, la expedición de la resolución que adopta la metodología de la ANDJE para el cálculo de la provisión contable se complementa con el Manual de Políticas Contables de la entidad, por lo tanto, incide tanto en el proceso de apoyo de gestión jurídica, como en el proceso de gestión financiera de la entidad.
Indique las resoluciones que se han emitido previamente relacionadas con el proyecto de resolución que se tramita.	Resolución 1170 del 24 de julio de 2020 “Por la cual se adopta el Manual de Políticas Contables de la Agencia Para la Reincorporación y la Normalización, ARN” Resolución No. 0858 de 2022, “Por la cual se adopta la Metodología de reconocido valor técnico, para el cálculo de la provisión contable de los procesos judiciales, conciliaciones extrajudiciales, y trámites arbitrales en contra de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización”
Evaluación y análisis de las observaciones, sugerencias, y comentarios efectuados por la comunidad (Las observaciones de la ciudadanía serán resueltas según la temática, técnica o jurídica, correspondiendo las de orden técnico a la dependencia solicitante). Se deberá indicar si se acogen o no y las razones que sustenten esta decisión.	Que por tratarse de un acto administrativo general, considerado como proyecto específico de regulación y en cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Decreto 1081 de 2015, modificado por el Decreto 270 de 2017, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 8 numeral 8 de la Ley 1437 de 2011 y con el propósito de fortalecer los principios de transparencia, publicidad y participación ciudadana, y según lo dispuesto en la Resolución 0918 de 2022 expedida por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, el proyecto de acto administrativo fue publicado en la página web de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, por el término de tres (3) días hábiles, entre las X:00 a.m. del xxxxx de xxxxx y las 2:00 p.m. del xxxxx de xxxxx de XXXX de 2025, para conocimiento de la ciudadanía, con el fin de recibir sugerencias, propuestas y opiniones. Que, cumplido el término de publicación, se recibieron observaciones o comentarios, los cuales fueron revisados con el fin de realizar los ajustes a que hubo lugar, y, asimismo, se dio respuesta a la ciudadanía conforme al Decreto 1081 de 2015 y la Ley 1437 de 2011. Que, analizados los argumentos previamente señalados, se considera pertinente la adopción de la metodología de reconocido valor técnico para el cálculo de la obligación contingente de los procesos judiciales, conciliaciones extrajudiciales y trámites arbitrales que se adelanten contra la entidad y deban ser registrados en el sistema eKOGUI.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN (Uso exclusivo de la Oficina Asesora Jurídica)
Relacione las normas que otorgan la competencia al Director General, para la expedición del correspondiente acto. (Marco Constitucional, Legal y Reglamentario). Se debe constatar su vigencia y aplicación.	Las facultades de la Directora general de la Entidad para la expedición del acto administrativo radican en lo previsto en: El Artículo 9º de la Ley 489 de 1998 al regular el tema de la delegación, faculta a las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con dicha Ley para transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias, previa expedición del acto de delegación. No. 2 del artículo 8° del Decreto Ley 4138 de 2011: “… 2. Dirigir los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación y control de la entidad, para el cumplimiento de su misión”. No. 17 del artículo 8° del Decreto Ley 4138 de 2011: “…17. Representar legalmente a la entidad.” Por lo anterior, dando cumplimiento a los principios de la función administrativa enunciados en el art. 209 de la Constitución Política, el Director General tiene la potestad de delegar funciones para garantizar eficiencia y celeridad en los procesos de apoyo.
Relacione las normas derogadas, subrogadas, modificadas, adicionadas o sustituidas, para aplicación de la expedición del respectivo acto.	Resolución No. 858 de 2022, “Por la cual se adopta la Metodología de reconocido valor técnico, para el cálculo de la provisión contable de los procesos judiciales, conciliaciones extrajudiciales, y trámites arbitrales en contra de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización”
Estudio de Impacto. Verificar oportunidad del proyecto (justificación de la viabilidad de la solicitud), impacto jurídico, el cual contendrá: supremacía constitucional, legalidad, seguridad jurídica, reserva de ley y eficacia o efectividad.	Oportunidad del proyecto: El procedimiento contable que deben aplicar las entidades de Gobierno para el registro de los hechos económicos relacionados con las demandas, arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales, se encuentra demarcada en el numeral 2.1 del artículo 1º de la Resolución 080 de 2021 de la Contaduría General de la Nación, la cual estableció que se utilizará "…una metodología que se ajuste a los criterios de reconocimiento y revelación del Marco Normativo para Entidades de Gobierno. Cuando la entidad considere que la metodología contenida en la Resolución 353 de 2016 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se ajusta a las condiciones del litigio o del mecanismo alternativo de solución de conflictos, podrá utilizar dicha metodología”. En ese sentido, esta Entidad, considera necesario actualizar y adoptar la metodología de reconocido valor técnico para el cálculo de la obligación contingente de los procesos judiciales, conciliaciones extrajudiciales y trámites arbitrales que se adelanten contra la entidad y que deban ser registrados en el sistema eKOGUI contenida en la Resolución 858 de 2022 con fin de ajustarla a la adoptada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado mediante Resolución 431 de 2023, atendiendo así lo señalado por la Contaduría General de la Nación. Impacto jurídico: El proyecto que se presenta es plenamente coherente con todo el ordenamiento jurídico, elaborado con respeto por principios constitucionales que orientan la función administrativa, la seguridad jurídica y el principio de igualdad y redactado de tal forma que resulta inteligible y accesible para todos sus destinatarios, además con el ánimo de evitar problemas de interpretación y aplicación. Para efectos del presente estudio se observaron los siguientes principios jurídicos fundamentales: 2.1. Supremacía constitucional La Constitución es la norma de normas e implica que toda actuación que se adelante está sometida a esta. La Constitución establece el sistema de fuentes del derecho y sirve de sustento al orden jurídico, por lo que toda norma jurídica, para su validez, debe estar fundada en la Constitución Política de Colombia, según lo establecido en el artículo 4: “La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales.” A la hora de diferenciar las diversas fuentes del derecho, podemos hacer una distinción entre: primarias, secundarias. Para efectos del presente estudio solo nos detendremos en las primarias, que son las que contienen y nos dan un derecho directamente aplicable. Como fuentes primarias se encuentran en primer lugar, la Constitución, las Leyes que aprueba el poder legislativo o los decretos con rango material de ley que expide el ejecutivo y los Reglamentos que dicte la Administración (Poder Ejecutivo). Las fuentes primarias son escritas y sus características son: a) Generalidad. Van dirigidas a una pluralidad de sujetos. b) Publicidad. Las normas deben ser publicadas en el diario oficial para luego poder entrar en vigencia. c) Jerarquización. Nos recuerda la existencia de normas inferiores y de otras superiores. Esto tiene especial relevancia es cuanto a la posible modificación de unas normas por otras. Las normas de mayor rango pueden modificar, derogar o sustituir a las que le sucedan en la escala jerárquica (una Ley puede modificar o alterar un Reglamento). Mientras que, a la inversa, las fuentes de rango superior no pueden ser alteradas por otra de rango inferior. Con respecto a la jerarquía de las normas, la Corte Constitucional ha expresado que nuestra Constitución no contiene una disposición que expresamente determine un orden de prelación de normas, pero que este puede deducirse de su articulado. Es evidente que las normas constitucionales ocupan, sin discusión, el primer lugar dentro de la jerarquía del ordenamiento jurídico. Pero más allá de la supremacía constitucional, de la propia Carta también se desprende que las leyes expedidas por el Congreso dentro de la órbita de competencias que le asigna la Constitución ocupan, en principio, una posición prevalente en la escala normativa frente al resto del ordenamiento jurídico. En consecuencia, los actos administrativos de contenido normativo deben expedirse con sujeción a aquella. En el mismo sentido, la Corte Constitucional ha señalado que: “no todas las normas jurídicas de un ordenamiento tienen la misma jerarquía. Existe entre ellas una estratificación, de suerte que las normas descendentes deben sujetarse en su fondo y en su forma a las normas superiores. La no conformidad de una norma con sus superiores jerárquicas la convierten en derecho positivo susceptible de ser retirado del ordenamiento, que tiene la virtud incluso de hacer desaparecer del mundo jurídico la norma así imperfectamente expedida mediante los controles pertinentes. La Constitución es la primera de las normas. Es por ello que cualquiera otra norma jurídica, así sea expedida por el operador jurídico más modesto de la República, debe sujetarse en primer lugar a la Constitución”. Corolario de lo anterior, podemos expresar que el ordenamiento jurídico colombiano obedece a un sistema jerárquico de normas, en cuya cúspide se encuentra la Constitución Política , de la cual deviene la validez de las demás, en su orden: Ley, entendida como la norma de carácter general y abstracto expedida por el Congreso en ejercicio del poder legislativo y Decretos Ley, expedidos por el Presidente de la República en ejercicio de facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso y por debajo de estos los Decretos de carácter reglamentario expedidos por el poder ejecutivo. A su vez, el artículo 230 de la carta magna, confiere a la Corte Constitucional la responsabilidad de velar por la supremacía de la Constitución, asegurando que todas las normas del ordenamiento jurídico se ajusten a sus disposiciones. En este sentido, las leyes, como normas de carácter general y abstracto expedidas por el Congreso de la República según el artículo 150 de la C.P, deben ser coherentes con la Constitución. De esta manera, el acto administrativo proyectado se encuentra plenamente ajustado a la Constitución Política y respeta la jerarquía normativa establecida en la ley. El proyecto que se presenta no contraría de manera alguna la Constitución Política. 2.2. Legalidad Con respecto al principio de legalidad, la Corte Constitucional ha expresado que; “tiene una doble condición de un lado es el principio rector del ejercicio del poder y del otro, es el principio rector del derecho sancionador. Como principio rector del ejercicio del poder se entiende que no existe facultad, función o acto que puedan desarrollar los servidores públicos que no esté prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en la ley. Este principio exige que todos los funcionarios del Estado actúen siempre sujetándose al ordenamiento jurídico que establece la Constitución y lo desarrollan las demás reglas jurídicas” En esta medida, y teniendo en cuenta la condición del principio de legalidad como el principio rector del ejercicio del poder, las autoridades públicas tienen el deber de obediencia al ordenamiento jurídico, lo que constituye además un presupuesto fundamental para el ejercicio de sus competencias, de donde se sigue la necesidad de que quien proyecte una norma jurídica señale las atribuciones constitucionales y las facultades legales que sirven para su expedición. Así las cosas, la Directora General de la ARN, es plenamente competente para expedir Resolución que se ha proyectado, competencia que le ha otorgado el artículo 8 del Decreto Ley 4138 de 2011, Dirigir los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación y control de la entidad, para el cumplimiento de su misión. Cabe precisar, que el proyecto presentado no crea faltas, sanciones, multas, tasas o contribuciones, como tampoco implica modificación de la estructura, ni del régimen jurídico aplicable, patrimonio, ni las funciones de ninguna entidad. Como conclusión de lo anterior, se ha proyectado una norma que respeta en todos los sentidos el principio de legalidad siendo la Directora General, competente para su expedición a través de acto administrativo. Seguridad jurídica: El presente proyecto de acto administrativo cumple con la obligación de evitar la dispersión y proliferación normativa y en este, se ha verificado la inclusión de todos los aspectos para evitar modificaciones o correcciones posteriores. El proyecto presentado, ha sido redactado con claridad y precisión en la redacción, con el fin de que no haya nada oscuro, incierto o arbitrario y de esta manera los destinatarios conozcan y entiendan sin ambigüedades. Reserva de Ley. La reserva de ley es una institución jurídica, de seguridad constitucional, que protege el principio democrático, al obligar al legislador a regular aquellas materias que el constituyente decidió que fueran desarrolladas en una ley. Es una institución que impone un límite tanto al poder legislativo como al ejecutivo. A aquél, impidiendo que delegue sus potestades en otro órgano, y a éste, evitando que se pronuncie sobre materias que, como se dijo, deben ser materia de ley. (Corte Constitucional: Sentencia C-507-14). El presente proyecto no regula asuntos que estén sometidos a reserva estricta de ley. Eficacia o efectividad: El proyecto de acto administrativo tiene capacidad para producir efectos jurídicos y vocación para ser acatado por los administrados. Los actos administrativos expedidos por las autoridades, existen y son válidos desde el momento mismo de su expedición, pero no producen efectos jurídicos, es decir, no tienen fuerza vinculante, sino a partir de que se realiza su publicación, tratándose de actos administrativos de carácter general, o su notificación cuando se trata de actos administrativos de carácter particular. Por su parte, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, determina: “ARTÍCULO 65. Deber de publicación de los actos administrativos de carácter general. Los actos administrativos de carácter general no serán obligatorios mientras no hayan sido publicados en el Diario Oficial o en las gacetas territoriales, según el caso. Las entidades de la administración central y descentralizada de los entes territoriales que no cuenten con un órgano oficial de publicidad podrán divulgar esos actos mediante la fijación de avisos, la distribución de volantes, la inserción en otros medios, la publicación en la página electrónica o por bando, en tanto estos medios garanticen amplia divulgación.” (Subrayado propio). Según el artículo citado previamente los actos administrativos de carácter general expedidos por el Gobierno nacional no serán obligatorios hasta que no hayan sido publicados en el Diario Oficial, no obstante, la jurisprudencia ha reconocido la posibilidad de cumplir con la publicación mediante cualquier otro mecanismo que permita la difusión efectiva y eficaz de su contenido. Así, la jurisprudencia constitucional ha sido enfática en sostener que «[…] los actos administrativos [generales], por disposición del legislador, admiten dos formas concretas de publicidad, su publicación en el Diario Oficial, gaceta o cualquier otro medio oficial de divulgación…]» (Corte Constitucional. Sentencia C-646 de 2000. M.P. Fabio Morón Díaz) El presente acto administrativo será publicado en la página web de la ARN .
Verificar los criterios de depuración normativa (obsolescencia, duplicidad, agotamiento del objeto de la norma, agotamiento del plazo y norma transitoria)	El concepto de depuración normativa está definido en la Ley 2085 de 2021 así: “Depuración normativa: Instrumento que permitirá decidir la pérdida de vigencia y derogación de grupos de cuerpos normativos de conformidad con los criterios de obsolescencia, contravención al régimen constitucional actual, derogatoria orgánica, cumplimiento del objeto de la norma, vigencia temporal y no adopción como legislación permanente”. Al tratarse del desarrollo de la adopción de una metodología para el cálculo de la obligación contingente de los procesos judiciales, conciliaciones extrajudiciales y trámites arbitrales, no se da aplicación a esta figura. La misma Ley, establece que la Obsolescencia, ocurre cuando las normas, a la luz de la realidad social, económica, cultural, política, e histórica actual resultan inadecuadas, lo cual no se presenta en el presente acto administrativo.
Verificar la publicidad y/o consultas realizadas. (Anexar constancia de realización)	Se adjunta certificación de la OAJ en la que se indica que durante el periodo de publicación (cinco días) entre el xxxxx (a las 8 a.m.) hasta el xxxxxx de 2025 a las 5 p.m se recibieron un total de XXXX (X) comentarios.
Se ha reglamentado anteriormente en la misma materia. Indique fecha de expedición.	SI (X) NO ( ) Fecha: ( ) Manual de Políticas Contables de la ARN (2017), Resolución 1170 del 24 de julio de 2020 y Resolución No. 0858 del 25 de abril de 2022.
Análisis de riesgo de daño antijurídico que se puede generar con la expedición del acto administrativo de carácter general	Para el análisis del riesgo de daño antijurídico del proyecto de resolución “Por la cual se adopta una metodología de reconocido valor técnico para el cálculo de la obligación contingente de los procesos judiciales, conciliaciones extrajudiciales y trámites arbitrales que se adelanten contra la entidad y deban ser registrados en el sistema eKOGUI”, se considerarán los siguientes aspectos relevantes: a) la competencia, b) los motivos, c) las formalidades, d) la finalidad. Competencia La resolución se emite en uso de las facultades atribuidas expresamente en el Decreto Ley 4138 de 2011 Motivación Una vez revisadas las consideraciones expuestas en la parte motiva del proyecto de resolución, se encuentra que las mismas son suficientes para justificar la expedición de esta. Adicionalmente, se encuentra que la emisión de esta resolución pretende dar cumplimiento a las obligaciones legales que tiene la entidad en la materia. Formalidades En cuanto al procedimiento que se impartirá para la expedición del referido proyecto de resolución, el cual incluye el agotamiento de la publicación, una vez la resolución sea proferida por la Dirección General, se evidencia el cumplimiento de requisitos legales establecidos para la emisión de la Resolución. Finalidad La finalidad del acto administrativo es adoptar la Metodología que para el cálculo de la obligación contingente de los procesos judiciales, conciliaciones extrajudiciales y trámites arbitrales que se adelanten contra la entidad y deban ser registrados en el sistema eKOGUI, con el fin de que los abogados que litigan en representación de la entidad cuenten con los lineamientos necesarios para realizar el cálculo y reporte que se desprenda de cada uno de los procesos. De acuerdo con lo anterior, no se observa causal de anulación que pueda predicarse respecto de la resolución bajo estudio. Por otra parte, en cuanto eventuales riesgos que puedan conllevar a la producción de un daño antijurídico como consecuencia de la emisión de la presente resolución, se debe precisar que en esta instancia no se identifican circunstancias que puedan comprometer la responsabilidad de la Entidad
Verificación concepto previo y favorable del Departamento Administrativo de la Función Pública (para creación de trámites)	No aplica
Vistos buenos dependencias que intervienen en el proceso	Jurídica Proyectó: Menfis Dario Pana Torres – Contratista Oficina Asesora Jurídica Diana Margarita Olivera Brinez – Profesional Especializado Grupos de Asuntos Contenciosos Reviso: Arturo Martinez Arteta – Coordinador Grupo de Normativa y Conceptos Reviso: Diana Marcela Solarte Tovar – Coordinadora Grupo de Asuntos Contenciosos Aprobó: Denisse Gisella Rivera Sarmiento – Jefe Oficina Asesora Jurídica